La importancia de impulsar la Nueva Educación Pública

Las políticas neoliberales implementadas por la dictadura se orientaron especialmente a reducir el tamaño del Estado y traspasar buena parte de los servicios sociales a los privados.

Así se explica la privatización de empresas públicas y también la apertura a particulares de derechos sociales como la salud, la educación y la previsión. Bajo la apariencia de una provisión mixta, generalmente se dificultó y redujo lo público y se estimuló a las alternativas.

La prestación estatal comenzó a perder fuerza o se entregó a instancias locales, como los municipios, los que pese a sus esfuerzos, no siempre contaron ni con los recursos ni con las capacidades para acometerlo en buena forma. Ello implicó, asimismo, terminar con la necesaria coordinación y economías de escala que se requieren.

El resultado fue un paulatino deterioro en este tipo de servicios, diagnóstico que en el caso de la educación y la previsión ha sido compartido por millones de chilenos, en múltiples movilizaciones sociales.

Las demandas por una educación gratuita y de calidad y por el fin al lucro llevaron a la Presidenta Bachelet a iniciar un ambicioso plan de reformas, que recuperaran la educación como un derecho social y aseguraran un acceso universal, en todos sus niveles.

En el ámbito escolar, se buscó garantizar el buen uso de las subvenciones escolares e impedir la discriminación con fondos públicos. Asimismo, se aprobó terminar con la municipalización, iniciando el paulatino traspaso de las escuelas y liceos a Servicios Locales de Educación (SLE).

Atendido que se trata de desmontar un sistema que se consolidó en casi cuatro décadas, se requiere gradualidad. Para ello se pensó en un mecanismo que parte con algunos servicios locales, luego se evalúa y, posteriormente se continúa a mayor ritmo.

Nuestra región ha sido piloto de este proceso a través de la creación del SLE Puerto Cordillera, que reúne a los establecimientos de Andacollo y Coquimbo. En los próximos años, deben seguirse instalando en otras zonas del país. Se espera que una administración a mayor escala permita fortalecer la gestión y, por consecuencia, mejorar la calidad.

Las actuales autoridades no fueron partidarias de este proceso, aún cuando en el primer gobierno del Presidente Piñera se propuso un proyecto de ley con bastantes

similitudes a lo aprobado. Sin embargo, se encuentran en la obligación de cumplir la ley. Esperamos que ello se demuestre fehacientemente y no se busquen subterfugios para dificultarlo, dilatarlo o detenerlo.

Algunas decisiones, como el retiro de los decretos que permiten poner en ejecución la reforma de la Contraloría; una encuesta sesgada y tendenciosa publicada en la página web del Mineduc y ciertas contrataciones de funcionarios han generado una señal de alerta.

Es muy importante que este proceso sea exitoso. Todos queremos una educación pública de calidad, como la tuvo Chile en el pasado, que sea una real alternativa para las familias

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